Análisis del Proyecto de Ley 491 de 2012.


En estos momentos la Asamblea Nacional de Diputados analiza el Proyecto de Ley 491 de 2012.  Sus principales contenidos son analizados a continuación:

Artículo 1 (706) Acciones Preferidas

Se introduce en el Artículo 706 del Código Fiscal que son deducibles para la empresa como gasto los rendimientos que se paguen sobre las acciones preferidas. Además el proyecto de ley exonera  los rendimientos que se paguen sobre las acciones preferidas del pago del Impuesto Sobre la Renta y por consiguiente del Impuesto de dividendos. Siempre y cuando se cumpla lo siguientes:

  • Plazo de vencimiento mayor a 5 años.
  • Rendimiento anual no mayor del 6%.
  • Que no excedan el 40% de patrimonio
  • Que sean de propiedad de los accionistas comunes de la empresa.
  • Que no sean transferibles.

 

En la actualidad los dividendos que se pagan sobre acciones preferidas no son deducibles y además están sujetos al pago del impuesto de dividendo. Este cambio va a generar la perdida de millones de dólares en Impuesto sobre la renta, impuesto de dividendos y FECI.

Además va a generar una competencia desleal con el sistema financiero y el mercado de capitales. Por las siguientes razones:

  • Los intereses que se pagan sobre préstamos bancarios son gravables para el banco. O sea pagan impuesto sobre la renta. Los dividendos de las acciones preferidas no son gravables para los accionistas que los reciben. O sea, las acciones preferidas tienen un tratamiento tributario mucho más ventajoso.
  • La Ley de Valores establece que para que los intereses de un instrumento de deuda no sea gravable para quien lo recibe debe de estar registrado ante la Superintendencia de Valores y cumplir con toda una serie de disposiciones que obliga a la empresa divulgar todo tipo de información al público. Con esta reforma no se le obliga a las empresas a cumplir con esta disposición. Ninguna empresa en su sano juico va a querer ir al mercado de capitales.

 

Artículo Nuevos (4, 8 y 11 reformando los artículos 762 D, L y Ñ del Código Fiscal):

Los artículos 4, 8 y 11 del proyecto de ley modifican o derogan los Artículos 762 D, L y Ñ del libro cuarto del Código Fiscal y tienen relación con la aplicación de las disposiciones de precios de transferencia. Actualmente dichas disposiciones sólo les aplican a los contribuyentes que quieren usar los beneficios que ofrecen los tratados para evitar la doble tributación, principalmente en materia de una reducción de los impuestos retenidos en la fuente como el impuesto de remesas y de dividendos.

O sea que con las modificaciones propuestas en el proyecto de ley todos los contribuyentes estarán sujetos a cumplir con las disposiciones de precios de transferencia.

Para ilustrar al lector, las disposiciones de precios de transferencia aplican a aquellas empresas que llevan a cabo operaciones con otras compañías relacionadas. La norma lo que persigue es que las transacciones entre empresas relacionadas sean a precios de mercado, como si la llevarán a cabo con un tercero independiente. El objetivo final es evitar que las empresas puedan manipular los impuestos al transferir ingresos y gastos de una jurisdicción con alta imposición fiscal a otro con bajos impuestos.

Aunque las disposiciones de precios de transferencia son aplicadas desde hace varios años en todos los países desarrollados, está es una legislación poco conocida y aplicada en nuestra región, y particularmente en Panamá. Este es un cambio profundo que debe ser discutido con los gremios empresariales y no ser introducida como una modificación en primer debate. Las empresas panameñas no están listas para cumplir con las disposiciones de precios de transferencia. Toda vez que no han sido educadas en el manejo de estas disposiciones, que de por sí son muy complejas. Introducirlas de forma abrupta y sin la debida educación de las empresas va a generar muchos conflictos entre los contribuyentes y la administración tributaria.

Artículo Nuevo 10 (762 N)

El artículo 10 del proyecto de ley modifica el 762 N del Código Fiscal cambiando la definición de residencia fiscal de personas jurídicas. Como está redactada la norma todas las empresas que tengan una administración material en Panamá, indistintamente si generan renta gravable o no (extra territorial) tendrán su residencia fiscal en Panamá y por consiguiente estar sujetas al pago del impuesto sobre la renta (ISR). Como por ejemplo las empresas registradas bajo la Ley de Sedes de Empresa Multinacionales, recientemente modificada, tendrían su residencia fiscal en Panamá y estar sujetas al pago de ISR. Sobre todo por la inclusión del Nuevo artículo 14 que establece que el Código Fiscal prevalece sobre cualquier otra norma en materia fiscal. O sea que el Código Fiscal, prevalece sobre las disposiciones e incentivos establecidos en otras leyes y códigos.

Nuevo Artículo 13, modificación al 1057 V del Código Fiscal.

Este texto en el CF guarda relación con el parágrafo 16 del artículo 1057 V que trata sobre Certificados de Poder Cancelatorio (CPC) que son utilizados por los exportadores y en donde todo el ITBMS que se les cobra en la producción de sus bienes que serán exportados (que no están sujetos al ITBMS) puedan de alguna forma recuperarlos con estos certificados y no incluirlos en los precios como parte del costo en la fabricación y comercialización de sus bienes.

Ahora bien, el propio artículo 1057 V en el parágrafo 16 hace un renvío a este numeral 14 del parágrafo 8 del mismo artículo, al indicar que esto de los CPC aplica a los “asimilados a las exportaciones”.  Es decir, que el régimen de los CPC aplica para los importadores y productores locales de productos alimenticios y farmacéuticos para humanos.  De tal forma, que hoy día TODOS los productores agrícolas puedan obtener y recuperar el ITBMS pagado en sus operaciones actividades diarias (directamente ligados en bienes y servicios) ya que los productos que fabrican, crean o comercializan no pagan ITBMS (alimentos y medicamentos para humanos). El objetivo de la norma vigente es bajar los precios de estos bienes que son de extrema necesidad para todos los panameños (alimentos y medicinas).

La norma propuesta establece una limitación en la recuperación del ITBMS pagado, por medio de los CPC, por las personas jurídicas que se dedican a la actividad agrícola y agroindustrial que factura menos de $300,000 al año, o sea los pequeños productores.  Me imagino que el enfoque del proponente de la modificación es que dado que los productores agropecuarios con ventas menores a $300,000 al año están exentos del pago del Impuesto Sobre la Renta no deben tener derecho a recuperar el ITBMS pagado.

Entonces que hará el pequeño productor al no poder recuperar el ITBMS pagado por medio del CPC? La respuesta es que, incluirá en el costo de sus productos el ITBMS pagado. Lo que subirá los precios aún más de la canasta familiar y también en los productos medicinales en los pequeños comercios o farmacias.

(Preparado por Dulcidio De La Guardia).